Continúa la vulneración de derechos de personas privadas de la libertad

Por Julián Gallo Cubillos

La vulneración a derechos humanos de la población privada de la libertad ha sido ampliamente documentada por instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, incluso, reconocida por el Estado colombiano.

Hace más de 20 años, en la Sentencia T 153 de 2018, la Corte Constitucional declaró que existía un estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario. Profirió numerosas órdenes que no han sido cumplidas y en dos sentencias posteriores, la T-388 de 2013 y la T-762 de 2015, volvió a poner de presente las graves consecuencias de una política criminal sin intenciones de resocializar a los convictos y que afecta desproporcionalmente a las personas más vulnerables.

El problema del hacinamiento #

Actualmente, en los 132 establecimientos de privación de libertad que están bajo la administración del INPEC, hay capacidad para albergar a 82.296 personas, pero están recluidas allí 97.640, lo que implica un hacinamiento global del 18%, es decir que faltarían habitaciones para 15.344 personas, así por ejemplo en la cárcel de Riohacha puede haber hasta 5 personas en un lugar diseñado para 2.

Necesario es resaltar que en años anteriores la población carcelaria estuvo sobre las 125 mil personas, pero con ocasión de la pandemia del Covid 19, miles de ellas recuperaron su libertad.

Lo insólito es que la mayoría de estas personas no salieron por la ejecución de excarcelaciones humanitarias o medidas extraordinarias transitorias, como las que propusimos en la Comisión Primera del Senado, sino porque al hacer una revisión relativamente juiciosa de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad, miles de ellas ya habían cumplido el tiempo de ejecución de su sentencia, cumplían los requisitos para acceder a subrogados penales, como libertades condicionales o estaban siendo investigadas y juzgadas con los términos vencidos.

Es decir, miles de estas personas liberadas supuestamente con ocasión de la emergencia sanitaria, realmente llevaban días, meses o años, privadas de la libertad ilegalmente. 

¿Cuántas personas privadas de la libertad hay realmente? #

Ahora, el problema es mucho más profundo por la falta de acceso a información veraz: además del INPEC, hay otras 10 instituciones que, legal e incluso, ilegalmente, mantienen privadas de la libertad a un número indeterminado de personas. Sin profundizar en ello, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, la Armada Nacional, el ICBF, el Ministerio de Salud, las comunidades indígenas, los Departamentos, Municipios y Distritos, tienen competencias para privar de la libertad en distintos espacios de los que tampoco se conoce su cantidad. Para profundizar al respecto, recomiendo la rigurosa columna de Juan David Posada Segura.

Aunado a ello, la Policía Nacional ha venido haciendo un uso ilegal de la figura del “traslado por protección” para privar injustamente de la libertad a miles de ciudadanos. En el marco de las recientes movilizaciones en los meses de mayo y junio, según la Campaña Defender la Libertad es un Asunto de Todas, 3.203 personas fueron detenidas entre el 28 de abril y el 22 de junio, la mayoría arbitrariamente, aplicando de manera generalizada y sin justa causa la figura mencionada y siendo sometidas en centenares de casos a tortura y tratos crueles.

En la cotidianidad, un número indeterminado de personas, principalmente jóvenes de extracción popular, son detenidos sin justificación alguna por discrecionalidad del agente de policía de turno, conducidos a estaciones o CAI y privados de la libertad durante horas o días.   

Nuestra visión de la política criminal y penitenciaria #

Ante esta grave situación, desde nuestra curul hemos presentado 4 proyectos de ley que pretenden avanzar hacia la construcción de una nueva política criminal y penitenciaria, democrática, garantista, ajustadas a estándares internacionales de derechos humanos y que propenda de manera efectiva por la resocialización, reconciliación y reconstrucción del tejido social.

Estas iniciativas son los proyectos de ley: 103 de 2021 Senado “Por medio del cual se modifica la ley 65 de 1993, código penitenciario y carcelario, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad y alcanzar los fines del tratamiento penitenciario”.

PL 104 de 2021 Senado “Por medio del cual se desarrolla el Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeños Agricultores y Agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y las actividades derivadas de este, de acuerdo con las disposiciones del punto 4.1.3.4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y el Artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017”.

PL 105 de 2021 Senado “Por medio del cual se modifica el artículo 68 a de la Ley 599 de 2000, se adicionan y modifican los artículos 307, 307 a, 308, y se elimina el artículo 310 de la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones”, y 137 de 2021 Senado “Por medio del cual se otorga la libertad a mujeres en detención preventiva relacionadas con delitos de drogas y se establecen otras disposiciones”.

Mientras se considere necesaria la privación de libertad como mecanismo preferencial y casi exclusivo para castigar las infracciones penales o mantener el orden social, resulta urgente ajustar la restricción a ese derecho fundamental a las recomendaciones y órdenes dadas por las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia, a los principios consagrados en la Constitución y las Leyes.

Necesario es también regularizar, unificar y mantener actualizados los sistemas de información de todas las autoridades envestidas para privar de la libertad a la ciudadanía y hacer un efectivo control de sus actuaciones.