Proyecto de ley “Por medio del cual se modifica el artículo 68A de la Ley 599 de 2000, se adicionan y modifican los artículos 307, 307A, 308 y se elimina el 310 de la Ley 906 de 2004, y se dictan otras disposiciones”.

El objetivo del proyecto de ley, es adicionar, modificar y eliminar de la normativa actual que regula las medidas de aseguramiento y la exclusión de subrogados penales, elementos descritos en la norma que conllevan a que la decisión de imposición o no de la misma, dependan única y exclusivamente de la discrecionalidad del juez. 

Asimismo, se observa que el Fiscal en su rol de ente acusador, al solicitar o no al juez la imposición de la medida de aseguramiento, basa su petición en presupuestos legales, constitucionales y aporta elementos de juicio que pueden viciar el proceso penal; al generar decisiones que afectan de forma directa derechos constitucionales, en particular,  el de la libertad, desnaturalizando de esta manera la finalidad de las medidas de aseguramiento, puesto que, las mismas tienen un carácter excepcional y dicha intervención de la Fiscalía y la decisión del juez, terminan constituyéndose en un juicio de responsabilidad previo a que el procesado (a) haya sido vencido en juicio, vulnerando de forma flagrante el principio de presunción de inocencia.

En igual sentido ocurre con los  subrogados penales, puesto que si se tiene en cuenta que los mismos son medidas sustitutivas a las penas principales, la discusión aquí suele centrarse, entre el cumplimiento de los fines y funciones de la pena con el derecho fundamental de la libertad, evidenciando que si bien la norma contempla dichas opciones en favor del condenado (a), los administradores de justicia terminan por no otorgarlas. 

Lo anterior, permite evidenciar que las decisiones asumidas por el Estado frente a su política criminal, repercuten en la alta incidencia en crímenes, conflicto armado, sobrepoblación carcelaria y hoy en día en la agudización de la crisis debido a la pandemia del CoVid-19.